Infraestructura para tiempos de emergencia

Actualmente, la pandemia del Covid-19 ha evidenciado limitaciones en los sistemas de salud alrededor del mundo. Conforme la pandemia se ha agravado, la brecha en otros servicios se vuelve también notoria (saneamiento, transporte público, etcétera).

Mientras que este es el efecto de corto plazo, una vez que la pandemia sea controlada y las economías inicien el proceso de recuperación, las brechas en la infraestructura que soporta el aparato productivo serán aún más evidentes.

Lamentablemente, no hay tiempo para soluciones ideales. La urgencia demanda una mayor ejecución a una velocidad que hoy en día solo se puede obtener a través de la obra pública.

Las asociaciones público privadas, por su naturaleza compleja, precisan de un mayor plazo de preparación que la obra pública tradicional.

Adicionalmente, dada la incertidumbre actual que afecta al sector real y los mercados financieros, durante los próximos meses será sumamente difícil definir condiciones de financiamiento de largo plazo con las que el Estado y los privados puedan evaluar los proyectos y los potenciales postores puedan formular propuestas viables y sostenibles.

En relación con los acuerdos Gobierno a Gobierno, probablemente los estados enfocarán sus esfuerzos hacia la situación interna de sus economías en lugar de buscar oportunidades fuera de sus fronteras.

Además, desde un punto de vista puramente macroeconómico, en el corto plazo será primordial empezar a invertir (construir) para impulsar la reactivación económica.

Este enfoque (de corto plazo) no deja de lado la inversión privada y los beneficios que hemos discutido anteriormente.

De hecho, la infraestructura que el Estado debe diseñar y construir debería ser: i) diseñada y construida con la participación de firmas especializadas que garanticen su calidad y ii) luego de construida ser concesionada a empresas privadas expertas en su operación y mantenimiento.

Mientras tanto, se debe priorizar un grupo de proyectos APP que deban continuar madurando, para que tan pronto volvamos a la normalidad estos estén listos para salir al mercado y se retome el modelo precrisis.

Sin embargo, para que esto sea realidad es necesario reforzar la capacidad de ejecución en todos los niveles de Gobierno. En primer lugar, se requiere de un liderazgo claro, decidido y con la capacidad de evaluar la situación de manera realista y práctica (ideando soluciones viables que respondan a la realidad del país).

Este liderazgo parte desde el presidente y se extiende hacia los gobernadores regionales, alcaldes, ministros e incluso viceministros, principalmente. Pero este liderazgo requiere de un segundo componente esencial: el funcionario público que analiza, recomienda y sustenta las decisiones.

En tal sentido, la rapidez y éxito de las políticas que se busca implementar dependen de la capacidad de los funcionarios implicados en las mismas.

Dicha capacidad (de los funcionarios) depende básicamente de: i) sus conocimientos y preparación; ii) el marco jurídico que los ampara y iii) la seguridad y respaldo que se les brinda para la toma de sus decisiones.

En relación con esto último, es importante señalar que, en el sector público, dada la naturaleza de los recursos que se manejan, el funcionario asume responsabilidades personales cuando toma decisiones, las mismas que no solo ponen en riesgo su patrimonio familiar actual sino también, potencialmente, su fuente de sustento futura.

En este sentido, es importante que la Contraloría asuma un rol preventivo y de acompañamiento en la toma de decisiones, que se segmenta y simplifique el marco normativo de acuerdo con la tipología de los proyectos y que una vez se haya concluido la revisión de un proceso este quede cerrado y no pueda ser reabierto generando un riesgo indefinido para el funcionario que tomó la decisión, como sucede hoy en día.

Fuente: Gestión